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Ejecución Hipotecaria - Abogados en Mar del Plata

Corresponde revocar la sentencia, que había hecho lugar al incidente promovido por una concursada contra los adquirentes, declarando inoponible la compensación admitida en la ejecución hipotecaria, en tanto que se ordena devolver el bien objeto de la litis a los adquirentes, ya que realizaron un acto de compensación idóneo para resguardar el activo de la concursada, además, no existen otros acreedores que puedan verse perjudicados.

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro - Sala I
San Isidro, 17 de Abril de 2017.-

En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los ... días del mes de abril de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Carlos Enrique Ribera (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “D., M. s/ concurso preventivo s/ incidente de prescripción e ineficacia” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Ribera y Llobera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente: 
Cuestión:

¿Es justo el pronunciamiento apelado?

Votación:

A la cuestión planteada el Dr. Ribera, dijo:

I. Resolución apelada

La sentencia de fs. 117/128 hizo lugar al incidente promovido por la concursada M. D. contra G. Ba. S.R.L. y T. M., declarando inoponible la compensación admitida en la ejecución hipotecaria que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 51, también establece que el bien objeto de dicho proceso pertenece a D., recuperando así su uso, goce y posesión. Asimismo, dispone que debe reintegrarse a los incidentados la suma de $ 620.667,70 en concepto de saldo de precio abonado en la ejecución, a la par que declara prescripto el crédito hipotecario de los demandados. Impone costas a los vencidos.

Apelan los demandados a fs. 129/131, desdoblando los agravios a fs. 153/175 y a fs. 176/198. 
II. Agravios y contestaciones

a. Agravios G. B. S.R.L.

El apoderado de G. B. S.R.L. funda su recurso a fs. 153/175, esgrimiendo que el fallo cuestionado resulta arbitrario pues se expide más allá de lo reclamado en la demanda, afectando así el derecho de propiedad de su representado. Dice que se asigna a la concursada el uso, goce y posesión del bien objeto de litis y ordena devolver a los adquirentes en subasta la suma de $ 620.667,70 depositada como saldo de precio, otorgando así a la incidentista dos objetos procesales que no ha requerido.

Cuestiona también la legitimación de la concursada para promover un incidente de ineficacia en su propio beneficio, pues la acción prevista en los arts. 16 y 17 de la ley 24.522 (en adelante L.C.Q.) sólo puede ser promovida por el síndico o en su defecto por acreedores concursales; mientras que los arts. 119 y 120 de dicho cuerpo normativo se aplican a los casos de falencia.

Continúa su fundamento indicando que en la sentencia se trató una concepción distinta de ineficacia concursal, pues se buscó declarar la invalidez de un acto. En punto a ello, señala que tal supuesto únicamente puede ser admitido contra un acto jurídico, mientras que el caso de autos se refiere a un hecho extintivo de obligaciones.

Apunta que el art. 16 de la L.C.Q. alude específicamente a actos llevados a cabo por el concursado como prohibidos, resultando desacertada la referencia subjetiva esgrimida en torno a la “persona distinta” que otorgó el acto pretendidamente ineficaz. A su vez, entiende que se utilizó el cauce formal de la acción de ineficacia, con el objeto de revocar una sentencia dictada por otro magistrado, con jurisdicción y proceso distinto. 
En cuanto a la compensación admitida en la ejecución hipotecaria, destaca que la autorización otorgada por la jueza del hipotecario (21/03/2013) fue consentida por la concursada y luego, a fs. 301, puso en ejecución dicha disposición otorgando posesión del inmueble a los adquirentes, no pudiendo así regresar como ahora pretende, sobre los propios actos.

Manifiesta que el eje de la cuestión a dilucidar resulta ser el momento en que se extinguió el crédito de los acreedores hipotecarios, pues a la época de abrirse el concurso dicha obligación se había agotado y por lo tanto, no reputó necesario presentarse a verificar en el proceso universal.

Añade que la sentencia de grado yerra al precisar el concepto de compensación cuando indicó que requiere una autorización judicial para determinar su aprobación. Discrepa con dicho concepto, pues concibe que las obligaciones recíprocas surgieron en el momento en que su representada y T. M. adquirieron en subasta el inmueble de la deudora hipotecaria.

Así pues, afirma que la compensación legal se produce de pleno derecho y no necesita autorización judicial del órgano. Por ello, la sentencia dictada es “contra legem”. Dicho instituto nace y coexiste en el momento de la adquisición en subasta y no cuando se admite la integración del saldo de precio. Este es el motivo principal por el cual, al momento de la apertura del concurso, consideraba que las obligaciones recíprocas se habían extinguido y por ello, no compareció a verificar un crédito que estimaba satisfecho.

La compensación extinguió con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor, por eso la obligación con la concursada había cesado, razón suficiente para no presentarse a insinuar. Refiere que esta situación no alteró la posición del resto de los acreedores, pues no había otros en igualdad de privilegio a quienes perjudicar.

Prosigue su crítica aduciendo que la concursada pretende una “recomposición patrimonial” pero no explicó de qué manera el resultado de este proceso beneficia a la masa de acreedores. Enuncia que la actora “resucitó un crédito extinguido al sólo efecto de matarlo por prescripción”.

Por último, en cuanto a la prescripción admitida, entiende que no puede prosperar dado que nunca hubo propuesta especial para acreedores privilegiados. A todo evento, señala que sucedieron determinados actos en la ejecución hipotecaria que interrumpieron el plazo e indica el día 2/7/2014 como último acto suspensivo, al celebrarse la escritura de protocolización de subasta y cancelación de hipoteca.

b. Agravios de T. M.

Como primer agravio observa que la resolución recurrida omite cuestiones conducentes, tal y como el reconocimiento de la deuda por parte de D. al cumplir con los requisitos del art. 11 de la L.C.Q., el consentimiento brindado por ésta en los actos celebrados en el proceso de ejecución hipotecaria y la violación de la teoría de los propios actos, señalando que incurrió en una conducta irregular y abuso del derecho. 

Cuestiona la interpretación efectuada en la instancia de origen sobre la aplicación al caso de los supuestos previstos en los arts. 16 y 17 de la L.C.Q. Entiende que se refiere a actos y conductas del concursado, no así respecto de terceros. Por ello, la resolución se adapta a supuestos no aplicables a la norma.

Discrepa en que la compensación sea inoponible al concurso siendo que, al momento de su promoción, el crédito de su representado se había extinguido y por lo tanto, no había crédito para verificar ni declarar prescripto.

Por otro lado, alega que la apertura del concurso se anoticia por edictos, lo que ocurrió en el mes de abril de 2013; tiempo después del proveído del 21 de marzo de aquel año, donde en la ejecución hipotecaria se otorgó eficacia a la integración del saldo de precio por parte de los adquirentes, compensando el crédito original.

Afirma que el instituto de la compensación fue erróneamente enfocado en la sentencia recurrida, pues sostiene el apelante que surte efectos desde que las acreencias comenzaron a coexistir, no desde la autorización judicial. Asimismo, no se ponderó la doctrina en torno al art. 818 del Código Civil, en el cual se reglaba la extinción de las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir. Finalmente, reitera que ésta opera de pleno derecho, y no bajo venia de un Magistrado.

Manifiesta que la sentencia de grado decide lo que no se solicitó en la demanda al disponer la restitución del bien de manera arbitraria, afectando el principio de congruencia, pues en la ejecución hipotecaria hubo cosa juzgada. 

En cuanto a la prescripción del crédito, entiende que el instituto deviene ajeno pues, tal y como fuere esgrimida, su acreencia se hallaba agotada. 
Por otro lado, señala que el art. 56 de la L.C.Q. no resulta aplicable para créditos privilegiados, no hubo propuesta especial y no ocurre ninguno de los dos supuestos que dicha norma prevé: acreedor quirografario satisfecho por propuesta o privilegiado con propuesta concordataria específica.

Asimismo, refiere que al tratarse de prescripción (no caducidad) el plazo es susceptible de ser interrumpido. Alude que dicho supuesto se configuró con los actos celebrados en la ejecución hipotecaria hasta el 16 diciembre de 2013, cuando se propuso un escribano para protocolizar las actuaciones. Por ello, esgrime que aún en la eventualidad, el término de prescripción no feneció.

c. Contesta agravios concursada

Ante la sustanciación de los argumentos vertidos por los demandados, se presenta M. D. a fs. 200/211 y 212/218, contestando el traslado que le fuere conferido.

Cuestiona la fundamentación esgrimida por T. M., efectuando su descargo respecto a cada uno de los tópicos que introdujo dicho acreedor.

Señala no haber consentido la legitimidad de lo acontecido en la ejecución hipotecaria, pues el marco de intervención de ese proceso resulta acotado y no permitía mayores planteos, aunque dicha circunstancia no eximía al acreedor de la carga de verificar su crédito que le impone el ordenamiento concursal.

Reconoce haber celebrado un convenio de desalojo luego de aprobada la operación de remate y compensación, mas dicho accionar obedeció al respeto de una decisión judicial previa que así lo imponía.

Aduna que una vez abierto el concurso, ningún acto de disposición puede llevarse adelante sin la autorización del juez del proceso universal. Asimismo, apunta que el art. 17 de la ley concursal se refiere a actos ineficaces de pleno derecho, debiendo ser declarados de oficio por el Juez al momento de la toma de razón.

Se expide luego en relación al instituto de la compensación. Critica el enfoque estipulado en el memorial del acreedor M., pues no se trata de obligaciones recíprocas. Además, el crédito no se halla expedito hasta que no se verifiquen los derechos de eventuales acreedores preferentes. 
Continúa su defensa e indica que el propio acreedor reconoció en la ejecución hipotecaria que su crédito no se hallaba compensado. Solicitó el 4/2/2013 practicar liquidación provisoria “a los fines de compensar”, lo que deja en evidencia que la compensación no se había producido aún, discrepando conceptualmente con el recurrente sobre las implicancias de aquel instituto procesal.

En punto a la prescripción del eventual crédito que pudiere insinuar el acreedor, indica que el art. 56 de la L.C.Q. es claro a su respecto. Aquel tuvo la oportunidad de verificar y dejó transcurrir los plazos legales. Destaca que tuvo numerosas oportunidades en las que pudo insinuarse pero sin embargo, desistió de hacerlo.

Siguiendo dicho análisis, señala que el art. 44 de la Ley 24.522 faculta al concursado con la posibilidad de efectuar una propuesta para acreedores privilegiados, pero no tiene la obligación de hacerlo; carga que si tenía el acreedor de verificar su crédito en el concurso.

Alega también que no hubo actos celebrados en la ejecución hipotecaria que puedan ser reputados como interruptivos de la prescripción. Por el contrario, el Sr. M. sostuvo una postura “recalcitrante” en relación a su negativa de insinuarse en el proceso universal. El transcurso del tiempo hace presumir el desinterés del titular de un derecho en obtener su reconocimiento.

Por último, se refiere al acto reputado ineficaz, es decir, la admisión de la compensación acaecida en la ejecución hipotecaria. Destaca no haber intervenido en dicho acto, lo cual torna admisible su legitimación para promover el presente incidente por considerarlo violatorio del orden público concursal. El acto no es declarado nulo sino ineficaz para ser oponible a la masa de acreedores mediante una vía procesal idónea.

Cierra su argumento indicando que no hubo confiscación sino negligencia por parte del acreedor agraviado.

Sentado lo expuesto, a fs. 212/218 se expide la concursada en punto a los agravios vertidos por G. B. S.R.L, quien fuera co-adquirente del bien objeto del incidente.

Discrepa sobre el concepto de compensación que intenta introducir en los agravios, indicando que la judicial no es igual que aquella prevista en el código de fondo. Dicho instituto no se produce en el momento del remate sino cuando un Juez se expide a su respecto.

Por otro lado, señala que ni el apelante tiene claro cuando acaeció la extinción de su obligación. Fue el propio recurrente el que practicó “liquidación para compensar” en el proceso hipotecario tramitado en la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, resulta contradictorio que ahora pretenda denunciar que la compensación se produjo en el momento de la subasta, pues no cabe duda que intentó liquidar su crédito una vez abierto el concurso, estando cabalmente anoticiados la magistrada que intervino y el acreedor ahora apelante.

Prosigue su descargo refiriéndose al instituto de la prescripción. Reitera lo expresado en su escrito antecedente, es decir, que no fue la concursada quién se benefició por el paso del tiempo sino que dicha circunstancia es responsabilidad del acreedor que decidió no verificar. El apercibimiento era claro y numerosas fueron las oportunidades que tuvo de ejercer el derecho que ahora señala conculcado.

Reitera que no se configuró un abuso de derecho, explica también que la propuesta para la categoría era opcional y que no hubo consentimiento sobre los actos que tilda de interruptivos de la prescripción.

Descarta la objeción del apelante sobre la legitimación para promover la acción, pues no participó del acto suscitado en infracción a las normas concursales. Los arts. 15 y 16 de la Ley 24.522 se refieren a la reputación de actos ineficaces, no pudiendo alterar la situación de otros acreedores por causa o título anterior.

Finalmente, destaca que no hubo confiscación alguna, sino negligencia por parte del acreedor que no ejerció sus derechos en tiempo oportuno. 
d. Contesta agravios sindicatura

El síndico contesta a fs. 222/244 los traslados de los memoriales presentados por los apelantes. 

Liminarmente desecha el enfoque que aquellos le asignan a la compensación, pues no acontece en autos el supuesto de que las partes reúnan las condiciones de acreedor y deudor recíprocamente. Al resultar adquirente en subasta, el saldo de precio no lo convierte en deudor del ejecutado. 
En tal sentido, entiende que los actos de remate se celebran pero no resuelven judicialmente su cobro, sino que, una vez determinada la preferencia o privilegio sobre el precio obtenido, podrán o no percibir sus respectivos créditos.

Si la extinción de la obligación se hubiere producido por compensación en los términos del art. 818 del Código Civil, nada debería quedar sujeto al arbitrio de los magistrados, pues aquella se aplicaría en forma inmediata e inexorable.

Por ello, siendo que la resolución que admite la compensación con el crédito obtenido en el remate fue dictada con posterioridad a la apertura del concurso, implicó el pago de una acreencia de naturaleza pre-concursal.

En punto a la ineficacia, indica que se haya regulada por los arts. 16 y 17 de la ley concursal, no previendo un mecanismo específico ni quiénes son legitimados para promoverla. Así, verificada la existencia de un acto ineficaz en la etapa del concurso preventivo, la sanción es la inoponibilidad de pleno derecho frente a los acreedores del acto realizado en violación de dichas normas.

La resolución del 21 de marzo de 2013 que admitió la compensación resultó ineficaz de pleno derecho e inoponible al concurso de la Sra. D., pues implicó la percepción de un crédito en violación al principio de “pars conditio creditorum”, esgrimiendo así que los acreedores debieron comparecer al proceso universal a verificar sus créditos.

Pone de relieve la actitud de la concursada, que denunció en su pasivo el importe de la venta obtenida en la subasta, lo que se reflejó en el informe general del art. 39 de la L.C.Q., destacando que jamás consintió la extinción por compensación.

Sentada la postura precedente, el síndico se expide en punto a la prescripción admitida en la sentencia de grado.

Descarta el fundamento de que el crédito con derecho real de hipoteca no es alcanzado por el instituto en examen, pues prima una necesidad de consolidar el pasivo en una época determinada; tanto en beneficio de la concursada como de los acreedores, quienes pueden analizar las propuestas y sus posibilidades de cumplimiento.

Se refiere a los actos celebrados en la ejecución hipotecaria y que pudieren haber implicado una interrupción del plazo prescriptivo, desechando dicho supuesto pues, ninguno de ellos implicó un reconocimiento de la concursada sino que se limitó a perfeccionar la adquisición del inmueble subastado. 
Por todo ello, en virtud del tiempo transcurrido y el criterio que signa el art. 56 de la ley 24.522, la posibilidad de verificar el crédito hipotecario prescribió.

Por último, señala que el fallo recurrido no se expide “extra petita”, sino que lo allí dictaminado fue consecuencia del tipo de operación de compensación celebrada. Así pues, la ineficacia declarada en la instancia de origen tiene como única consecuencia y efecto jurídico la imposibilidad de considerar que la adquisición del inmueble se llevó a cabo o cuanto menos, que sea inoponible al concurso. Al no haber  dinero depositado por la compensación, no había sumas a reintegrar, sino que correspondía retrotraer los efectos de la adquisición celebrada en la ejecución hipotecaria, tal y como se dispuso en la Sentencia bajo análisis.

Por todo lo expuesto, el síndico entiende que debe confirmarse en un todo la resolución apelada.

III. Breves antecedentes del caso

En el Juzgado Nacional en lo Civil n° 51, Secretaría n° 81 tramitó una ejecución hipotecaria en la cual fue demandada D., quien no opuso excepciones derivando ello en el dictado de una sentencia de remate en su contra.

El día previo a la subasta del bien, D. se concursa en esta jurisdicción, quedando supeditada tal solicitud al cumplimiento de los requisitos del art. 11 L.C.Q. Simultáneamente, la deudora se presentó en la ejecución y puso en conocimiento el inicio del trámite preventivo, a lo cual, se resolvió que siendo copias simples y no constando que se hubiera decretado la apertura del concurso de la ejecutada, las actuaciones debían continuar según su estado.

El inmueble gravado fue rematado y resultan adquierentes los acreedores, quienes liquidan su crédito e integran el saldo de precio, admitiéndose la compensación el día 21/3/2013 (fs. 278).

El concurso preventivo fue finalmente abierto el día 7/2/2013, es decir, transcurridos más de dos meses de su inicio (ver cargo en demanda a fs. 13) y se publicaron edictos el 11 y 15 de abril de 2013 (fs. 95/105 y 106/112).

La concursada solicita mediante este incidente la ineficacia de la resolución de compensación dictada en el proceso ejecutivo, argumentando esencialmente que con lo actuado en la ejecución hipotecaria se alteró la “par condicio creditorum”, lo que dice resulta ser una franca violación en los términos del art. 16 de la ley concursal. Agrega que, amparándose en el art. 56 de dicho texto legal, el crédito que eventualmente pudieren reclamar los acreedores se encuentra prescripto. Por todo ello, sostiene que el acto judicial que declaró compensada la obligación resulta inoponible al concurso, pues fue admitida conociendo el proceso universal en trámite.

En este incidente se hizo lugar a la declaración de ineficacia del auto de compensación, ordenando la restitución del bien al activo de la concursada, el reintegro a los acreedores de las sumas depositadas como saldo de precio y se declaró prescripto el crédito en el concurso preventivo, todo lo cual motiva la queja de los demandados.

IV. La compensación como modo de extinción del crédito de los acreedores hipotecarios

Sentadas las bases sobre lo que se resolvió en la instancia de origen y las críticas que formulan los aquí demandados, corresponde me expida en punto a la validez del acto de compensación del crédito de los recurrentes, pues ello habilitará o no el tratamiento del resto de los agravios vertidos.

Así pues, ambos apelantes son contestes en el enfoque erróneo empleado en la sentencia de grado, deslizando que el instituto de la compensación surte efectos desde el momento en que sendas obligaciones coexisten, es decir desde la adquisición en remate, y no a partir de la admisión judicial. 
Sin perjuicio de la cuestión doctrinaria en torno al momento en que debe considerarse operada la compensación y

los efectos signados por los arts. 818, 819 y concordantes del Código Civil (vigente en dicho momento, cfr. art. 7 del Cód. Civ. y Com.), advierto determinadas circunstancias durante la tramitación de ambos procesos (concurso y ejecución hipotecaria), que considero deben ser merituadas con el objeto de alcanzar la verdad jurídica objetiva respecto a la validez del acto de compensación.

V. Análisis del caso y validez del acto cuestionado

Liminarmente he de ponderar cuál fue la actitud procesal, diligencia y postura adoptada por la deudora en los procesos aquí en pugna, para lo cual cabe ampliar los antecedentes mencionados.

En la ejecución hipotecaria, D. no opuso excepciones ni cuestión alguna relativa al modo de ejecutar la sentencia de remate. Su primera presentación es la de fs. 214 donde sólo denunció haber promovido su concurso preventivo pero sin respaldo verosímil aparente para lograr suspender la ejecución. 
Luego de autorizada la compensación, obra un acuerdo celebrado entre las partes del proceso hipotecario, otorgando la tradición del inmueble (ver fs. 301/302).

Por otro lado, el concurso preventivo de D. fue iniciado el 22/11/2012 solicitando el plazo de ley para completar los recaudos del art. 11 de L.C.Q. y la suspensión de la subasta. Pero esta pretensión fue rechazada el mismo día por no estar acreditada la competencia en razón del domicilio denunciado, lo cual cumplimentó en el día posterior, otorgándose el plazo de diez días para lograr la apertura del concurso con las formalidades que la norma citada prescribe.

Los requisitos legales faltantes para la apertura del concurso fueron siendo cumplidos parcialmente (ver fs. 30, 33, 41 y 43) a lo largo del mes subsiguiente al de presentación de la demanda (diciembre de 2012), lo que terminó por decretar la apertura de su concurso preventivo el día 7/2/2013.

Los edictos se firmaron el 26/3/2013, siendo retirados el día posterior y publicado el 11/04/2013 en Boletín Oficial y el 15/04/2013 en el diario zonal “El Heraldo”.

El análisis cronológico de la actuación de la deudora pone de relieve el tiempo transcurrido (más de 4 meses) desde su presentación hasta la publicación edictal.

Y más aún, el art. 24 de la L.C.Q. otorga la posibilidad al deudor de recabar la suspensión de la ejecución hipotecaria, derecho que no ejerció. 
La demora mencionada y la omisión de ejercer las medidas que le otorga la ley concursal (art. 24), fueron factores fundamentales para permitir el avance del trámite hipotecario en cuanto al remate y la posterior autorización para que los adquirentes compensen el crédito.

Ello pone de manifiesto que estaban dadas las condiciones para que los acreedores impulsen y obtengan la compensación que habían requerido previo al remate, considerando luego extinguido el crédito hipotecario. Y más aún, en dicho supuesto, mal podría exigírseles verificación e incluso un eventual planteo de prescripción, si se tiene en cuenta que la subasta se realizó 4 meses antes de la apertura del concurso preventivo. Recuérdese que el art. 21 último párrafo de la L.C.Q. dispone que “En las ejecuciones de garantías reales no se admitirá el remate de la cosa gravada… si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y su privilegio”, lo cual pone de manifiesto que el acto de ejecución forzada se había realizado mucho tiempo antes de la apertura del concurso y la publicación de edictos.

Si bien la circunstancia apuntada sienta un precedente adverso para la concursada, he de continuar con el análisis de aquellas cuestiones que estimo controvertidas y que resultan esenciales para la solución del pleito. Por ello, he de adentrarme en determinar si el remedio procesal elegido por la concursada es la vía idónea para fulminar los efectos del acto de compensación celebrado en la ejecución hipotecaria. 
Y digo ello pues, las irregularidades de procedimiento deben atacarse a través del incidente de nulidad, los errores de juzgamiento deben ser cuestionados por medio de recurso y no por vía incidental. Contra los vicios "in iudicando" corresponde el recurso de nulidad, mientras que para los "in procedendo" el incidente de nulidad (causa n° 57.267 r.i. 606/91 en autos "Cabrera y Muzu de Rigoni c/D´Alessandro", entre otras de esta Sala Iª). 
Así, parece acertado que el embate contra la providencia que daba por compensado el crédito debió haberse canalizado como un planteo de nulidad del acto procesal, porque según la interpretación de la concursada habría sido dictado por un magistrado que no era el competente, ello en razón del criterio de juez universal que signan las normas concursales (art. 1 L.C.Q.).

Sin embargo, D. articuló un incidente de ineficacia cuyo norte es neutralizar los actos celebrados por el concursado y que puedan derivar en un perjuicio para la masa de acreedores; circunstancia ésta que no se ajusta al caso en estudio.

Sentado lo expuesto y no obstante el análisis esgrimido precedentemente, estimo pertinente valorar las consecuencias que la compensación admitida en la ejecución hipotecaria traslada al concurso preventivo, tanto para la deudora, los adquirentes en subasta y el resto de los acreedores.

El meollo del presente incidente nace con la celebración de un mutuo con garantía real de hipoteca que fue incumplido por la deudora en su primera cuota. Tal conducta trajo aparejada la ejecución forzosa y los acreedores resultaron adquirentes del bien en remate, compensando su crédito. 
Así pues, siguiendo la Ley concursal, esta hipoteca representa un crédito con garantía real sobre un inmueble lo que otorga una ventaja de excepción para percibir su dividendo al realizarse dicho bien (art. 209 L.C.Q.).

Esta prerrogativa puede ser utilizada por el acreedor, solicitando al juez la compensación de su crédito, tal y como habilitan los arts. 211 de la L.C.Q. y el art. 818 del Código Civil vigente al momento en que se dio por extinguido el crédito (art. 7 Cód. Civ y Com.). El pedido será admitido o rechazado valorando las particularidades del caso y el orden de preferencia a establecer sobre la distribución de fondos del producido del remate.

Como fuere dicho, el acto cuya ineficacia se persigue deberá necesariamente concretar un perjuicio a los intereses de la masa, por tal motivo, mencionaré la situación del resto de los acreedores del concurso preventivo para corroborar si se han vulnerado otros derechos preferenciales. 
Cabe ponderar entonces lo que se dictaminó en la resolución del art. 36 de la L.C.Q. (ver fs. 125/133). Allí se declaran inadmisibles los créditos insinuados por G. F.,E. C., F. R. O., M. A. T. y M. A. M. (por honorarios judiciales). Asímismo, se declaró admisible el crédito insinuado por el Consorcio C. (inmueble de autos) como quirografario, desestimando el privilegio pretendido, y el de la AFIP con privilegio general y quirografario. 
Finalmente, a fs. 274/276 se homologó el acuerdo preventivo respecto de las categorías mencionadas precedentemente.

Teniendo en cuenta tales antecedentes, queda plasmado que no había otro acreedor privilegiado ni por reserva de gastos, que pudiere discutir con G. B. S.R.L. o T. M. acerca de la distribución de los fondos generados a partir de la realización del bien de la Sra. D.. Ello así, no se advierte que se haya perjudicado a ningún otro acreedor de la concursada con la compensación admitida en la ejecución hipotecaria, presupuesto indispensable para analizar el menoscabo invocado por la aquí incidentista. Es decir que, no habiendo terceros que ostenten un derecho para oponerse legítimamente ni daño apreciable a su respecto, no habría impedimento que obste a la compensación aquí discutida.

VI. La solución

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que el exceso de tiempo insumido para lograr la apertura concursal y su publicidad derivó en facilitar la posibilidad de que los adquirentes puedan avanzar con el acto de compensación ahora cuestionado, que la vía elegida para frenar los efectos de aquel no resulta ser la más idónea para resguardar el activo de la concursada y siendo que no hay otros acreedores en igual grado de privilegio que pudieren verse perjudicados por el acto celebrado, es que propongo revocar la sentencia apelada, rechazando el incidente promovido por la concursada de ineficacia y prescripción del crédito de G. B. S.R.L. y de T. M., así como la devolución del saldo de precio allí consignada, todo ello conforme lo normado por los arts. 211 de la L.C.Q. y 818, 819 y siguientes del Código Civil aplicable al momento de acontecer los hechos narrados.

VII. Costas

De acuerdo a lo expresado, propongo que las costas de las dos instancias sean impuestas a cargo de la concursada en su condición de vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.)

Por todo lo expuesto, voto por la NEGATIVA.

El Dr. Llobera por los mismos fundamentos votó por la NEGATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se revoca la resolución apelada, rechazándose el incidente de prescripción e ineficacia promovido por M. D. contra G. B. S.R.L. y T. M., así como la devolución del saldo de precio depositado.

Las costas de ambas instancias, se imponen a la concursada.

Regístrese y devuélvase.

Carlos Enrique Ribera - Hugo O. H. Llobera

Soledad de Vedia

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