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Ejecución Prendaria - Abogados Mar del Plata

Corresponde determinar que en las ejecuciones de los contratos de mutuo con garantía prendaria, nacidos de un crédito para consumo, a pesar de que en el contrato se haya pactado la jurisdicción, la competencia se determinará por el lugar del domicilio del deudor consumidor, en tanto el negocio jurídico concertado queda comprendido en la regla de competencia contenida en el art. 36 de la Ley Nº 24.240.

El art. 36 de la Ley Nº 24.240 encabeza el capítulo referido a las operaciones financieras para consumo y de crédito para consumo, sin efectuar distinción ni exclusión de ninguna especie.

Cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 9 de La Plata, provincia de Buenos Aires, se declaró incompetente aduciendo, en suma, que procede estar a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pactada por las partes en el contrato de prenda con registro. Adicionó que no corresponde archivarlas actuaciones, en los términos del art. 352, inc. 10, del código de rito local-arto 354, inc. 1°, C.P.C.C.N.- por una cuestión de orden y celeridad procesal (fs. 27/28 Y 29/30).

Por su parte, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 63 rechazó la radicación por entender que la cuestión es de indole mercantil, de conformidad con lo establecido por los arts. 5, 7, 8, incs. 6° y 10, del Código de Comercio, 38 del decreto Ley Nº 15.348/46, y 43 bis del decreto-Ley Nº 1285/1958 (cfse. fs. 33 y 36/37).

Por último, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 3 se opuso al desplazamiento basado en que, declinada la competencia, el expediente debe archivarse si el juez hábil se encuentra en extraña jurisdicción -arto 352, C.P.C.C.BA- (v. fs. 41).

Devueltas las actuaciones al juzgado local, fueron elevadas a la Corte Suprema para que resuelva la controversia jurisdiccional suscitada (fs. 44, 47 y 48).

En ese estado, se confiere vista a esta Procuración General (v. fs. 49).

II.- Ante todo, procede destacar que en el subexamine medió una atribución sucesiva de la aptitud jurisdiccional entre los tribunales intervinientes, circunstancia que impide que se configure -cabalmente- la traba del conflicto, pues para ello es necesario que esa asignación sea recíproca (conf. Fallos: 318:1834, entre muchos) 1

Cabe observar, incluso, que el magistrado comercial no se pronunció estrictamente sobre su aptitud y se limitó a devolver el expediente al tribunal previniente para su archivo por motivos rituales.

Se añade a lo anterior, que el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 63 debió comunicar su fallo al órgano contendiente, a fin de que conozca lo decidido y se expida sobre el punto, y que no estaba facultado para declarar la competencia de un tercer juez que no intervino en el conflicto, dado que esa es una atribución exclusiva del Tribunal (S.C. Comp. 421, 1. XLIX; "Campillo", del 15/05/14, y sus citas).

Sin perjuicio de ello, considero que razones de economía y celeridad procesal aconsejan que esa Corte ejerza la atribución del art. 24, inc. 7, del decreto-Ley Nº 1285/58 y se expida sobre la radicación del pleito, que lleva más de dos años de trámite (Fallos: 328:2559, 3038; 329:3948).

III- Las contiendas de competencia entre tribunales de distinta jurisdicción deben ser resueltas por aplicación de las leyes nacionales de procedimientos (Fallos: 330:1623, 1629, etc.) y, en la tarea de esclarecerlas; es preciso atender, de modo principal, a la exposición de los hechos que el actor realiza en la demanda y luego, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como base del planteo (Fallos: 330:147).

Sentado ello, corresponde precisar que las partes pactaron la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el supuesto de controversias (cfse. fs. 12 vta.; cláusula treinta del contrato de préstamo prendario).

Ahora bien, de conformidad con los hechos relatados en la demanda y con la documental adjuntada, considero que la indole del vínculo establecido entre los contratantes, las circunstancias personales -actividad fmanciera de la actora y calidad de persona física de la demandada- así como el monto de la obligación, permite concluir que se trata de una operación de crédito para el consumo, motivo por el cual -a mi juicio- resulta de aplicación la Ley Nº 24.240, texto según Ley Nº 26.361 (v. dictamen fiscal, a fs. 35 y 38).

En ese plano, resulta apto para intervenir en el secuestro del automotor sobre el que recae la prenda, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, que reside en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, siendo nulo cualquier pacto en contrario (conf. fs. 11,21 y 27 vta.; arts. 36 de la ley cit. y 6°, inc. 4°, C.P.C.C.N.; y S.C. Comp. 623, L. XLV; "Compañía Financiera Argentina S.A. cl Monzón, Mariela si ejecutivo", del 10/12/13).

Por último, vale anotar que esa Corte tiene reiteradamente dicho que es facultad del Tribunal otorgar el conocimiento de las causas a un tercer juez competente, aunque no haya sido parte de la contienda (conf. Fallos: 314:1314; 326:4208 y COM 10862/2014/CSl, "Servi Broker S.RL.", del 09106/15, y sus citas, entre muchos otros).

IV.- Por lo expuesto, estimo que las actuaciones deberán seguir su trámite por ante la justicia ordinaria de la Provincia de Mendoza, a la que habrán de remitirse, a sus efectos.

Buenos Aires, 8 de Septiembre de 2015.- 

Marcelo A. Sachetta 

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 4 de Julio de 2017.- 

Considerando:

1) Que las circunstancias de la causa han sido adecuadamente descriptas por el señor Procurador Fiscal subrogante en los acápites 1 y 11 de su dictamen, al que cabe remitir a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

2) Que el art. 36, último párrafo, de la Ley Nº 24.240, texto según la reforma operada por la Ley Nº 26.361, establece que "será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contra tos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor".

3) Que la mencionada norma, encabeza el capítulo referido a las operaciones financieras para consumo y de crédito para consumo, sin efectuar distinción ni exclusión de ninguna especie.

4) Que según inveterada doctrina de esta Corte, cuando una leyes clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 324:291, 1740 y 3143; 328:1774, entre muchos otros).

5) Que, con independencia de cualquier valoración que pudiera efectuarse sobre la citada disposición legal, resulta con prístina claridad que, en el caso, el negocio jurídico -1- concertado entre el acreedor y el deudor -contrato de mutuo con garantía prendaria- queda comprendido en la regla de competencia contenida en la norma bajo análisis, al tiempo que el carácter de las partes intervinientes en aquel coincide con la formulación normativa que corresponde a los sujetos (consumidor y proveedor, respectivamente) de la relación de consumo (arts. 1°, 2° y 3° Ley Nº 24.240, texto según Ley Nº 26.361).

6) Que, por lo demás, en la especie no ha mediado planteo de nulidad del contrato, como así tampoco de cláusula alguna del convenio celebrado entre las partes.

7) Que esta Corte tiene dicho reiteradamente que es facultad del Tribunal atribuir el conocimiento de las causas a un tercer juez competente, aun cuando no haya sido parte de la contienda (Fallos: 314:1314; 326:4208, entre muchos otros).

8) Que, bajo tales circunstancias, por aplicación de la regla contenida en el arto 36 de la Ley Nº 24.240, texto según Ley Nº 26.361, resulta competente para conocer en "las actuaciones, el juez con jurisdicción sobre el domicilio real del deudor consumidor sin que sea un óbice la naturaleza de este proceso.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones la justicia ordinaria de la Provincia de Mendoza, a la que se le remitirán. 

Ricardo L. Lorenzetti – Elena I. Highton de Nolasco – Juan C. Maqueda – Horacio Rosati – Carlos F. Rosenkrantz 



Cámara Federal de Casación Penal - Sala II / Jones Ruala Francisco F. s/Recurso de Casación (23/08/2017)

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